El proceso penal asume una objetividad basada en hechos, pero la psicología evidencia que las decisiones legales están sesgadas por el estigma de las etiquetas diagnósticas, que determinan la controlabilidad y la peligrosidad percibida, variables moduladas por la socialización profesional. El objetivo de este estudio fue analizar el impacto del grado universitario y el tipo de diagnóstico sobre los juicios de responsabilidad, peligrosidad y la posterior elección de la medida penal, así como el efecto de interacción entre ambos factores. La muestra estuvo compuesta por 391 estudiantes universitarios de tercer curso en adelante de Psicología, Derecho e Ingenierías, quienes evaluaron un caso delictivo manipulado según cuatro etiquetas diagnósticas (Esquizofrenia, Psicopatía, Discapacidad Intelectual y Sonambulismo). Los resultados indicaron efectos significativos de la etiqueta diagnóstica en todas las variables, registrando la psicopatía los mayores niveles de responsabilidad. El grado universitario influyó significativamente en la peligrosidad y en la medida punitiva, mostrando el estudiantado de Psicología actitudes menos punitivas y menores atribuciones de peligro que el de Derecho e Ingeniería. No se hallaron efectos de interacción significativos entre el grado y la etiqueta diagnóstica en ninguna de las variables dependientes, descartándose una influencia combinada. Finalmente, se demostró que la peligrosidad percibida posee una capacidad predictiva superior sobre la severidad de la condena en comparación con la responsabilidad atribuida. Se concluye que la socialización profesional y los estereotipos clínicos pueden sesgar de forma independiente la percepción del riesgo y la toma de decisiones judiciales, siendo el miedo asociado a la peligrosidad criminal el factor determinante en la severidad del castigo por encima de la culpabilidad moral. Surge la necesidad de formar a los colectivos jurídicos en los principios de la justicia terapéutica para reducir el impacto del estigma diagnóstico y promover respuestas penales más proporcionales, inclusivas y fomentando una adecuada justicia terapéutica.

Although criminal proceedings are assumed to rely on objective evidence, psychological research has consistently shown that legal decision-making is susceptible to bias arising from the stigma associated with diagnostic labels, which shape perceptions of controllability and dangerousness. These perceptions may, in turn, be influenced by professional socialization. The present study examined the effects of university discipline and diagnostic label on judgments of criminal responsibility, perceived dangerousness, and sentencing decisions, as well as the interaction between these two factors. The sample comprised 391 undergraduate students in their third year or above enrolled in Psychology, Law, and Engineering degree programmes. Participants evaluated a criminal case in which the defendant's diagnosis was experimentally manipulated across four diagnostic labels: schizophrenia, psychopathy, intellectual disability, and sleepwalking. The findings revealed significant main effects of diagnostic label across all dependent variables, with psychopathy eliciting the highest levels of attributed responsibility. University discipline significantly influenced perceptions of dangerousness and sentencing decisions, with Psychology students displaying lower levels of perceived dangerousness and less punitive attitudes than their counterparts in Law and Engineering. No significant interaction effects were found between university discipline and diagnostic label for any of the dependent variables, indicating that their influences operated independently. Finally, perceived dangerousness emerged as a stronger predictor of sentence severity than attributed responsibility. These findings suggest that professional socialization and clinical stereotypes independently bias risk perception and judicial decision-making, with fear associated with perceived criminal dangerousness exerting a greater influence on sentencing severity than moral culpability. The results underscore the need to provide legal professionals with training grounded in the principles of therapeutic jurisprudence in order to reduce the impact of diagnostic stigma and promote more proportionate, inclusive, and therapeutically informed criminal justice responses.

El análisis de los métodos adecuados de solución de controversias (MASC) desde la psicología del conflicto permite cuestionar la premisa de que la mera incorporación de procedimientos dialogados garantiza procesos efectivos de desescalada. El conflicto no desaparece por su traslado a espacios de mediación, conciliación o negociación, sino que mantiene su estructura cognitiva, emocional y relacional si no se interviene específicamente sobre las variables que lo sustentan. La evidencia teórica muestra que los intervinientes acceden a estos procesos con sesgos cognitivos, estados emocionales intensos y patrones comunicativos defensivos que condicionan la interacción y favorecen la persistencia de dinámicas de escalada. En este contexto, la desescalada debe entenderse como un proceso técnicamente inducido que requiere intervención sobre la regulación emocional, la reestructuración cognitiva y la calidad de la comunicación. Esta aproximación resulta coherente con la justicia terapéutica, en la medida en que el sistema legal es concebido como un agente capaz de generar efectos psicológicos, por lo que su calidad no puede evaluarse exclusivamente en términos normativos, sino también en función de su impacto sobre el bienestar de los intervinientes. En este marco, el Método CEPA^TM se configura como un modelo teórico-aplicado que articula de forma estructurada la intervención sobre comunicación, emociones, personalidad y escucha activa. Su aportación reside en sistematizar la intervención simultánea sobre estas dimensiones, superando su tratamiento fragmentario en la práctica de los MASC. Todo ello implica una redefinición del rol del operador jurídico como gestor de dinámicas psicológicas, así como la necesidad de incorporar competencias interdisciplinarias orientadas a una resolución del conflicto más eficaz y relacionalmente sostenible.

The analysis of Alternative Dispute Resolution (ADR) from a conflict psychology perspective challenges the assumption that the mere adoption of dialogic procedures ensures effective de-escalation. Conflict does not disappear when transferred to mediation, conciliation, or negotiation settings; rather, it maintains its cognitive, emotional, and relational structure unless specific intervention is carried out on the underlying variables. Theoretical evidence shows that parties enter these processes with cognitive biases, intense emotional states, and defensive communication patterns that shape interaction and contribute to the persistence of escalation dynamics. In this context, de-escalation must be understood as a technically induced process requiring intervention in emotional regulation, cognitive restructuring, and communication quality. This approach aligns with therapeutic jurisprudence, which conceives the legal system as an agent capable of producing psychological effects. Consequently, the quality of legal responses cannot be assessed solely in normative terms, but also in relation to their impact on the well-being of those involved. Within this framework, the CEPA^TM Method emerges as a theoretical-applied model that structurally integrates intervention on communication, emotions, personality, and active listening. Its contribution lies in systematizing simultaneous intervention across these dimensions, overcoming their fragmented treatment in ADR practice. This perspective implies a redefinition of the legal professional’s role as a manager of psychological dynamics and highlights the need for interdisciplinary competencies aimed at more effective and relationally sustainable conflict resolution.

La Justicia Terapéutica (TJ) propone que el derecho, los procedimientos judiciales y las decisiones legales actúen como agentes de recuperación y reintegración social. En el ámbito de los trastornos por consumo de sustancias, este enfoque ha impulsado el desarrollo de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), los Juvenile Drug Treatment Courts (JDTC) y otras alternativas al encarcelamiento orientadas al tratamiento. El objetivo de esta revisión de alcance fue mapear la evidencia científica disponible sobre la implementación, efectividad y principales factores asociados a la aplicación de la TJ en adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes (15-35 años) vinculados al sistema de justicia.

La revisión se realizó siguiendo las recomendaciones del Joanna Briggs Institute y la declaración PRISMA-ScR. Se efectuaron búsquedas sistemáticas en Web of Science Core Collection y Scopus para el periodo 2015-2026, complementadas mediante revisión manual de referencias.

Los resultados muestran que la evidencia se concentra principalmente en Estados Unidos, con contribuciones puntuales procedentes de Europa y América Latina y se articula en torno a cuatro áreas: efectividad de los tribunales de tratamiento de drogas, compromiso terapéutico y participación familiar, coordinación e implementación de programas, e internacionalización de la TJ. Los estudios revisados sugieren que estos modelos pueden reducir la reincidencia y mejorar la vinculación al tratamiento cuando integran supervisión judicial, atención especializada, apoyo familiar y coordinación interinstitucional.

En conjunto, la TJ constituye una estrategia prometedora para abordar los trastornos por consumo de sustancias en jóvenes judicializados, aunque se requieren más investigaciones internacionales y evaluaciones longitudinales que fortalezcan su base empírica.

Therapeutic Jurisprudence proposes that law, legal procedures, and judicial decisions can function as agents of recovery and social reintegration. In the field of substance use disorders, this approach has promoted the development of Drug Treatment Courts (DTCs), Juvenile Drug Treatment Courts (JDTC), and other treatment-oriented alternatives to incarceration. The aim of this scoping review was to map the available scientific evidence on the implementation, effectiveness, and key factors associated with the application of TJ among adolescents, youth, and young adults (15-35 years) involved in the justice system.

The review was conducted following the recommendations of the Joanna Briggs Institute and the PRISMA-ScR guidelines. Systematic searches were performed in Web of Science Core Collection and Scopus for the period 2015-2026, complemented by manual reference screening.

The findings indicate that the available evidence is concentrated primarily in the United States and can be grouped into four main areas: the effectiveness of drug treatment courts, therapeutic engagement and family involvement, program implementation and interagency coordination, and the international expansion of TJ. The reviewed studies suggest that these models can reduce recidivism and improve treatment engagement when they combine judicial supervision, specialized treatment, family support, and interagency collaboration.

Overall, TJ represents a promising strategy for addressing substance use disorders among justice-involved youth and young adults. However, further international research and longitudinal evaluations are needed to strengthen its empirical foundation.

La Justicia Terapéutica y la Justicia Procedimental destacan que la calidad de las interacciones durante el proceso judicial influye tanto en el bienestar de las personas implicadas como en la legitimidad del sistema de justicia. El objetivo de este estudio fue analizar la experiencia de personas condenadas a penas privativas o restrictivas de libertad durante el proceso judicial desde el marco de la Justicia Terapéutica, la Justicia Procedimental y los estándares del International Consortium for Court Excellence. Participaron 216 personas que cumplían condena en un centro penitenciario español (22 mujeres y 194 hombres). Se administró el Cuestionario sobre Percepción de Justicia Terapéutica durante el Proceso Judicial (modalidad centros penitenciarios). Los resultados muestran una valoración favorable de las instalaciones judiciales, aunque evidencian importantes carencias en la información facilitada sobre el estado de los procedimientos, los tiempos de espera y el desarrollo de las audiencias. Asimismo, las personas participantes perciben escasa claridad sobre el papel de los operadores jurídicos, insuficiente atención a sus dudas y una limitada preocupación por garantizar la comprensión del proceso. En relación con jueces y magistrados, destacan percepciones de falta de imparcialidad, empatía y escucha activa, junto con una comunicación insuficiente sobre los retrasos procesales, factores que afectan negativamente a la confianza en la justicia. Los hallazgos identifican cinco áreas prioritarias de mejora: trato digno y respetuoso, escucha activa y participación efectiva, fortalecimiento de la imparcialidad y la confianza, mayor transparencia en las resoluciones y mejora de la eficiencia procesal. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de promover prácticas judiciales alineadas con los principios de la Justicia Terapéutica y la Justicia Procedimental para reforzar la legitimidad institucional y mejorar la experiencia de las personas sometidas al proceso judicial.

Therapeutic Jurisprudence and Procedural Justice emphasize that the quality of interactions throughout judicial proceedings influences both the well-being of those involved and the perceived legitimacy of the justice system. The aim of this study was to examine the experiences of individuals serving custodial or liberty-restricting sentences during judicial proceedings from the perspectives of Therapeutic Jurisprudence, Procedural Justice, and the standards established by the International Consortium for Court Excellence. The sample comprised 216 individuals serving custodial sentences in a Spanish correctional facility (22 women and 194 men). Participants completed the Therapeutic Jurisprudence Perception during Judicial Proceedings Questionnaire (Correctional Facilities Version). The findings revealed that, although court facilities were generally evaluated positively, important shortcomings were identified regarding the information provided about case progress, waiting times, and hearing procedures. Participants also reported limited clarity concerning the roles of legal professionals, inadequate responses to their questions, and insufficient efforts to ensure that they understood the judicial process. With regard to judges, respondents perceived a lack of impartiality, empathy, and active listening, together with poor communication about procedural delays and adjournments. These shortcomings negatively affected their trust in the justice system and their overall evaluation of the judicial process. The results identified five priority areas for improvement: (a) respectful and dignified treatment; (b) active listening and meaningful participation; (c) strengthening impartiality and trust; (d) greater transparency and quality in judicial decisions; and (e) improved procedural efficiency. Overall, these findings highlight the need to promote judicial practices consistent with the principles of Therapeutic Jurisprudence and Procedural Justice in order to enhance judicial legitimacy and improve the experiences of individuals involved in judicial proceedings.

La justicia restaurativa se ha consolidado como un modelo complementario de respuesta al delito centrado en la reparación del daño, la responsabilización de la persona infractora y la participación de todas las personas afectadas. Aunque diversos estudios han analizado los factores asociados a su apoyo social, la relación entre las actitudes hacia este modelo y los valores humanos ha recibido una atención limitada. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre los valores humanos propuestos por Schwartz (1992) y las actitudes hacia la justicia restaurativa, así como examinar la influencia del sexo, la edad y la titulación académica.

Participaron 263 personas (71,1 % mujeres), con una edad media de 22,60 años (DT = 8,23), procedentes principalmente de los grados de Psicología y Derecho. Se administraron la Restorative Justice Attitudes Scale (RJAS) de Taylor y Bailey (2022) y el Portrait Values Questionnaire (PVQ) de Schwartz et al. (2001). Los datos fueron analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) y correlaciones de Pearson.

Los resultados indicaron que no existían diferencias significativas en la actitud global hacia la justicia restaurativa en función del sexo, la edad o la titulación. No obstante, las mujeres mostraron puntuaciones más elevadas en participación comunitaria, y los estudiantes de Psicología obtuvieron puntuaciones superiores en comprensión empática y participación comunitaria respecto a los estudiantes de Derecho. En cuanto a los valores humanos, las mujeres puntuaron más alto en benevolencia, universalismo y seguridad, mientras que los estudiantes de Derecho destacaron en tradición y poder. Asimismo, la edad se asoció negativamente con el valor logro.

Las correlaciones mostraron asociaciones positivas entre justicia restaurativa, benevolencia, universalismo y autodirección, y negativas con tradición. Los hallazgos sugieren que la aceptación de la justicia restaurativa se vincula a valores de autotrascendencia y apertura al cambio.

Restorative justice has become established as a complementary approach to crime management focused on repairing harm, offender accountability, and the active participation of those affected by the conflict. Although several studies have examined factors associated with its social acceptance, the relationship between attitudes toward restorative justice and human values has received limited attention. The aim of this study was to analyze the relationship between Schwartz’s human values and attitudes toward restorative justice, as well as to examine the influence of sex, age, and academic degree on both variables.

A total of 263 participants (71.1% women) took part in the study, with a mean age of 22.60 years (SD = 8.23), mainly drawn from Psychology and Law degree programs. Participants completed the Restorative Justice Attitudes Scale (RJAS) by Taylor y Bailey (2022) and the Portrait Values Questionnaire (PVQ) by Schwartz et al. 2001). Data were analyzed using analyses of variance (ANOVA) and Pearson correlations.

The results showed no significant differences in overall attitudes toward restorative justice according to sex, age, or academic degree. However, women scored higher on community engagement, and Psychology students obtained higher scores in empathic understanding and community engagement than Law students. Regarding human values, women scored significantly higher on benevolence, universalism, and security, whereas Law students showed higher scores on tradition and power. In addition, age was negatively associated with achievement values.

Correlation analyses revealed positive associations between restorative justice attitudes and benevolence, universalism, and self-direction, and negative associations with tradition. These findings suggest that acceptance of restorative justice is linked to value systems characterized by self-transcendence and openness to change.

El presente estudio analiza la relación entre la experiencia de hechos potencialmente denunciables y la conducta de denuncia, así como su asociación con indicadores de salud mental, concretamente síntomas de trastornos emocionales y bienestar subjetivo, en una amplia muestra de población adulta.

This study examines the relationship between exposure to potentially reportable events and reporting behavior, as well as their associations with mental health indicators-specifically emotional disorder symptoms and subjective well-being-in a large adult sample.

Women, in comparison to men, report in average higher perceptions of unsafety. However, most studies have focused on average effects derived from one self-reported observations per year. Consequently, a more nuanced examination of perceptions of unsafety is needed to produce more accurate and detailed estimates of these differences in future studies. As for this, we designed a web-based application (City4all) to measure women’s perceptions of safety in everyday contexts. Then, main objective of this study is to analyse the use and feasibility of the City4all web application.

Las mujeres, en comparación con los hombres, informan en promedio percepciones más elevadas de inseguridad. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en efectos promedio derivados de una única observación auto informada por año. En consecuencia, se requiere un examen más matizado de las percepciones de inseguridad para obtener estimaciones más precisas y detalladas de estas diferencias en estudios futuros. Con este propósito, diseñamos una aplicación web (City4all) para medir las percepciones de seguridad de las mujeres en contextos cotidianos. Así, el objetivo principal de este estudio es analizar el uso y la viabilidad de la aplicación web City4all.